Nota de prensa

Elkartu (Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa/Gipuzkoako Desgaitasun Fisikoa duten Pertsonen Federazio Koordinatzailea) ha remitido a la Diputación Foral de Gipuzkoa sus propuestas al Plan de desescalada en el ámbito de los Servicios Sociales diseñado por la institución foral en el marco de la crisis sanitaria y social derivada del Covid-19.

Las principales propuestas presentadas, que tienen por objeto garantizar los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, son las siguientes:

  1. Necesidad de garantizar un modelo de gobernanza colaborativa

El Plan de desescalada ha de contemplar expresamente medidas e instrumentos que garanticen la participación de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad de Gipuzkoa para la aplicación, seguimiento y evaluación de las medidas contempladas en el mismo, en aplicación de los derechos y principios reconocidos en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Ello permitiría superar un período que se ha caracterizado por la adopción unilateral de medidas sin realizar las imprescindibles consultas a las organizaciones que, más allá de la mera prestación de servicios, tienen como función la representación de las personas con discapacidad y la participación en la toma de todas aquellas decisiones que inciden en los derechos y la calidad de vida de las personas con discapacidad.

  • Personas usuarias de centros residenciales para personas con discapacidad

Las distintas fases del proceso de desescalada diseñado para el conjunto de la población, que incluyen salidas del domicilio, no son aplicables hasta el momento para las personas con discapacidad que se encuentran institucionalizadas. Resulta inasumible desde el punto de vista personal, psicológico y social el mantenimiento de un confinamiento total de las personas con discapacidad en las mismas condiciones que las existentes en el inicio de la declaración del estado de alarma, cuando el resto de la población se encuentra en plena fase de incorporación a la nueva normalidad.

Aun comprendiendo la dramática situación vivida en el ámbito de los centros residenciales para personas mayores y personas con discapacidad durante la crisis derivada del Covid-19, elkartu considera que las personas con discapacidad física usuarias de un recurso residencial deberían hacer uso de su derecho salir del centro en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía, siendo asimismo responsabilidad de la Administración dotar a estas salidas de los elementos de seguridad necesarios para que no se produzca ningún perjuicio para las propias personas con discapacidad o para el funcionamiento del centro.

Así, la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, determina en su art. 2.5 que no podrán hacer uso de la habilitación contenida en el mismo (práctica deportiva y paseos) a los residentes en centros sociosanitarios de mayores. Asimismo, la Disposición adicional única determina que “las comunidades autónomas, respetando en todo caso lo regulado en esta orden, podrán, en el ejercicio de sus competencias, adoptar las medidas necesarias para adecuar la aplicación de lo dispuesto en la misma, en relación con las personas que residan en centros sociales de carácter residencial u otros servicios residenciales análogos”.

elkartu considera cuanto menos discutible desde un punto de vista legal que se pueda impedir a las personas con discapacidad usuarias de un recurso residencial hacer uso de la habilitación contenida en la citada Orden. Y, en todo caso, si así lo fuera, la institución foral ha optado por un criterio absolutamente restrictivo y que atenta contra los derechos más elementales de las personas con discapacidad, en beneficio de las medidas encaminadas a impedir nuevos contagios en los centros residenciales para personas mayores.

Compartiendo la necesidad de asumir posturas de cautela y prevención que eviten rebrotes del Covid-19 en el ámbito de los centros residenciales para personas mayores, consideramos que las medidas de sectorización, higiene y seguridad adoptadas deberían ser suficientes para garantizar las salidas de las personas con discapacidad sin incurrir en riesgos para las personas mayores que comparten instalaciones, no planteándose esta problemática en aquellos centros que no comparten espacio físico o instalaciones con los recursos residenciales para personas mayores.

Finalmente, y más allá de las medidas contempladas en el Plan de desescalada, consideramos que a medio plazo deberá llevarse a cabo una profunda reflexión sobre el modelo residencial para las personas con discapacidad y, en contraposición, del modelo de vida independiente, que se está manifestando de manera evidente como el modelo que realmente garantiza la igualdad de oportunidades y el derecho de las personas con discapacidad de decidir sobre su propia vida.

  • Asistencia Personal

Con el objeto de atenuar las dificultades que se puedan dar para la contratación de un/una Asistente Personal, se ha propuesto eximir a esta prestación del requisito relativo a la no existencia de un vínculo de parentesco entre la persona que ejerza de Asistente Personal y la persona titular de la prestación económica, cuando no residan en la misma vivienda.

Asimismo, se ha trasladado la valoración positiva de elkartu ante las medidas adoptadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa para eximir temporalmente a los/las Asistentes Personales de la cualificación profesional en atención sociosanitaria o la habilitación correspondiente del Gobierno Vasco, así como para dotar de mascarillas a las personas beneficiarias de la prestación económica para la asistencia personal.

  • Cuidados familiares

La crisis sanitaria y social derivada del Covid-19 ha generado un riesgo real en el sistema de atención y cuidado de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia de Gipuzkoa, situación que ha sido superada por la atención proporcionada por las propias familias.

Para dar respuesta a esta necesidad, elkartu ha propuesto eximir en el acceso a la prestación económica de cuidados en el entorno familiar de los siguientes requisitos: convivir y estar empadronada en el mismo domicilio que la persona dependiente a la que atiende; no reconocimiento a las personas con discapacidad de la capacidad física y psíquica suficiente para ejercer los cuidados; exigencia de una formación previa al acceso a la prestación.

  • Medidas de apoyo al Tercer Sector Social

elkartu considera imprescindible que se dote de recursos económicos a las entidades del Tercer Sector Social de Gipuzkoa para afrontar las inversiones ya realizadas (equipos de seguridad, medidas de higiene, inversiones para el teletrabajo, etc.), así como los que indudablemente se deban realizar, con el objeto de garantizar el mantenimiento de su actividad y de los servicios proporcionados.

Asimismo, se ha puesto de manifiesto la necesidad de evitar políticas de recortes presupuestarios que repercutan negativamente en los convenios de colaboración existentes con las entidades del Tercer Sector Social de Gipuzkoa que trabajan en el ámbito de la discapacidad, actuación ésta que se produjo durante la crisis producida en 2008 y que se tradujo en un importante perjuicio para los programas y recursos personales de las organizaciones. Siendo el objeto de esta crisis que ninguna persona se quede atrás, resulta imprescindible garantizar el apoyo a las entidades que representan y trabajan en favor de las personas con mayor riesgo de quedarse atrás.