Nota de prensa

El grupo conservacionista HARITZALDE NATURZALEEN ELKARTEA se ha visto obligado a demandar nuevamente al Ayuntamiento de Donostia por incumplir la sentencia de Belartza Alto.

El pasado 10 de junio de 2019, el TSJPV dictó la sentencia 219/2019, por la cual el Ayuntamiento de Donostia fue condenado y quedaba en obligación de hacer restaurar el paraje de Belartza Alto a su estado natural, tras haber amparado con una licencia ilegal el vertido clandestino 120.000 m3 de rocas provenientes de la excavación de la parcela de Mercadona.

La sentencia, en la que quedó claro no existir dudas ni de hecho ni de derecho por los hechos denunciados por HARITZALDE, se estableció como responsable de la obra clandestina a la empresa Valeriano Urrutikoetxea S.A. y al Ayuntamiento como responsable de la licencia ilegal, dictando expresamente que había que restablecer a la situación anterior a la licencia otorgada en un plazo de dos meses.

Más de un año después, el mandato judicial que había de haberse cumplido sin condiciones, no ha sido ejecutado.

Este plazo inexcusablemente incumplido para la retirada del vertido y la restauración medioambiental de Belartza Alto, nada tiene que ver con el procedimiento administrativo que Ayuntamiento y VUSA mantenían por el incumplimiento de la empresa los términos de la licencia municipal demostrada ilegal, que ha permitido que durante meses el ayuntamiento se escudara tras la emisión de multas coercitivas potestativas sin hacer
ejecutar la sentencia judicial y permitiendo la dilación innecesaria de plazos. Este injustificado incumplimiento de la ley por el ayuntamiento, ha obligado una vez más a que una asociación de pequeño tamaño deba agotar sus recursos para acudir a los tribunales para hacer cumplir lo que ya anteriormente ha ganado.

En el pasado mes de junio el Pleno Municipal se posicionó políticamente a favor de iniciar el procedimiento de ejecución subsidiaria. Con este instrumento el ayuntamiento sustituiría la acción de la empresa infractora VUSA que desatiende la obligación de retirar el vertido, repercutiendo los gastos devenidos sobre ella o embargando los terrenos. Pero más de un mes después el ayuntamiento de Donostia no ha realizado ni una sola acción administrativa en este sentido, por lo que más allá del gesto político, la
realidad vuelve a hablar sobre la inconsistencia de compromiso del ayuntamiento en cumplir el dictamen de judicial. Por esta razón HARITZALDE acaba de presentar una demanda de ejecución frente al Ayuntamiento de Donostia en la Sala 2 del Juzgado Contencioso Administrativo.

En medio de esta polémica, con fecha 22 de junio el BOE nº173 publicó el “Estudio Informativo Complementario de la nueva red ferroviaria en el País Vasco del tramo Astigarraga-Lezo” donde para la sorpresa de las asociaciones ecologistas y vecinales implicadas en la defensa del caso de Belartza Alto, se establecía este lugar como una de las propuestas para ubicar un vertedero de 103.476 m3 del tramo del T.A.V.

La insólita propuesta de ubicar un vertedero del TAV en Belartza Alto ignora la existencia de la sentencia del TSJPV que obliga a retirar el vertido ilegal efectuado en la zona y restituir el área a su estado natural original.

Más allá de este argumento de peso, las alegaciones presentadas por HARITZALDE y al menos otras 8 asociaciones, defienden que dicha propuesta incumple el PGOU de la ciudad que expresamente impide el depósito ni entrada de materiales en este ámbito, donde para más inri existe un Hábitat de Interés Comunitario y una importante masa boscosa protegida. La propuesta de Belartza Alto como vertedero del TAV además tiene capacidad de recoger una ínfima parte de los 5millones de metros cúbicos que prevé el tramo Astigarraga-Lezo y su distancia física del lugar de las obras de TAV encarecería innecesariamente las mismas.

Los colectivos implicados esperan que el ayuntamiento haga lo propio en la audiencia entre administraciones y en coherencia con lo inevitablemente alegado, ejecute subsidiariamente de manera inminente acorde a la sentencia del TSJPV y la nueva demanda de ejecución interpuesta por HARITZALDE.

Las asociaciones ecologistas y vecinales lamentan tener que acudir a los tribunales para que velando por el interés público que ha sido establecido en el mandato del TSJPV de 10 de junio de 2019, se restaure la zona a su estado natural por inacción del consistorio.