Nota de prensa

Se excluyen partidas para eximir a la promotora de tener que incluir viviendas de protección entre las 48 viviendas proyectadas en Intxaurrondo.

Que Donostia es la ciudad vasca con mayores problemas para acceder a una vivienda es una cuestión que nadie pone en duda. Y que somos la ciudad de todo el Estado con la vivienda más cara, tampoco. Ante esta cruda realidad, la respuesta de las diferentes administraciones públicas resulta totalmente insuficiente. Y es que la demanda de viviendas de protección pública (VPP) sobrepasa ampliamente a la oferta. Por ejemplo, recientemente pudimos comprobar cómo se acercaban a diez mil las personas que solicitaron una de las 162 viviendas de alquiler social de Txomin Enea.

La política de vivienda de Eneko Goia, tanto en su primer mandato como durante el comienzo del segundo, deja mucho que desear. En Donostia no hay una política activa de vivienda para hacer frente a los graves problemas sociales que genera la carestía tanto de la compra como del alquiler. Más bien, todo lo contrario: el problema del acceso a la
vivienda sigue empeorando. Abandonar sus barrios de residencia e irse a vivir fuera parece ser la única salida para cada vez más personas, sobre todo jóvenes, con lo que ello supone para una ciudad tan envejecida como Donostia.

Una de las soluciones pasa por aumentar el parque municipal de viviendas de protección, sobre todo en régimen de alquiler, que es el más demandado. Pero hay que decir claramente que la política de Goia relativa a las viviendas de protección es hacer las mínimas posibles, y cuanto más lejos del centro mejor. En promociones como Aldakoenea, se proyectan los mínimos legales y se buscan artimañas para que las viviendas de protección vayan en Altza y no en Egia. Y en otros proyectos, como el que
vamos a explicar a continuación, se retuercen los expedientes de manera escandalosa con el único fin de que no se construya ninguna vivienda de protección.

En este sentido, en las comisiones municipales de este pasado lunes se ha debatido la aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana del Subámbito IN.03.3 Luisa Enea, en Intxaurrondo. Aquí, un promotor privado proyecta derribar las conocidas como Villa Luisa y Villa Mi Capricho, ubicadas junto al polideportivo de Mons, para dar paso a 48 viviendas libres y 115 plazas de aparcamiento. Es decir, teniendo en cuenta el precio de las viviendas de nueva construcción en Donostia, estaríamos hablando de una operación urbanística de muchos millones de euros.
El análisis del expediente realizado por nuestro grupo en dicha comisión dejó en evidencia, cuando menos, una sospechosa manga ancha a la hora de contabilizar las obras de urbanización del proyecto, quedándose la estimación a escasos 6000 euros de llegar al 5% del presupuesto. Esta es una cuestión clave a la hora de calificar la edificabilidad de una parcela, ya que si la cuantía de las obras de urbanización supera el 5% del total del proyecto, las viviendas pasan automáticamente a ser definidas como dotacionales, y el promotor se ve obligado por ley a construir al menos un 40% de viviendas de protección pública. Es decir, bajarían sustancialmente los beneficios de los promotores.

Y decimos que ha habido mucha manga ancha para eximir que la promotora tenga que incluir viviendas de protección porque hay partidas que resultan irrisorias. Hay varias cuestiones sospechosas, por ejemplo, las obras de demolición de las dos villas se han presupuestado en 2.242 euros.

Pero lo que más llama la atención es que hay varias partidas que deberían estar incluidas en el presupuesto de urbanización y que no aparecen en el informe, como la obligación de soterrar una línea de alta tensión. Cuando
los responsables de Urbanismo fueron interpelados el pasado lunes por EH Bildu sobre estas cuestiones en concreto, recibimos la callada por respuesta.

Esta no es una cuestión baladí, porque detrás de esto está eximir o no de que haya que construir viviendas de protección en la zona. Para EH Bildu, dar soluciones al problema de la vivienda en Donostia es una prioridad absoluta, más si cabe cuando estamos inmersos en una grave crisis económica como consecuencia del Covid-19.

Es por ello que EH Bildu exige al Gobierno de Eneko Goia que corrija el expediente e incluya la obligación de construir viviendas de protección pública en este proyecto.