Nota de prensa

  • Las ONG que trabajan en cooperación al desarrollo reconocen el esfuerzo mayoritario de las instituciones vascas por sostener las políticas de solidaridad y cooperación, así como por mantener su compromiso con las personas más vulnerables.
  • La Diputación Foral de Álava se queda al margen de esta tendencia y realiza importantes recortes en esta partida en 2020.

 Para conocer el impacto de la COVID-19 en las políticas vascas de cooperación al desarrollo, la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi, formada por 79 ONG que trabajan en cooperación internacional, ha analizado la ejecución presupuestaria de estas políticas en 2020 en las principales instituciones: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo-Gobierno Vasco, Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia.

Concluyen que de manera mayoritaria y, pese a la crisis sanitaria, social y económica, las instituciones están realizando un notorio esfuerzo por mantener las políticas de cooperación, aquellas que, junto al resto de políticas sociales, sitúan a las personas en el centro. “Aplaudimos que en este contexto tan complicado no hayan recurrido a la vía fácil del recorte en cooperación, ya que o bien están ejecutando la mayor parte de las partidas previstas, o en algunos casos están realizando algunos ajustes para adaptarse al contexto, pero a grandes rasgos percibimos una actitud favorable y continuista”, señalan. Esta apuesta posibilita que, a pesar de la situación, desde Euskadi se puedan seguir llevando a cabo políticas solidarias en los países empobrecidos; y que, por tanto, “también seamos parte de la solución en esta crisis global para que nadie quede atrás”.

Sin embargo, la Diputación alavesa es la principal excepción en la citada tendencia generalizada, ya que ya en 2020 ha realizado importantes recortes en las políticas de cooperación. “Del presupuesto de 1.383.352 euros para este fin en este ejercicio, las partidas suprimidas podrían suponer alrededor de 733.500 euros, lo que refleja un recorte cercano al 53%”. Denuncian que las partidas presupuestadas, y finalmente no ejecutadas, corresponden a lo comprometido para los esfuerzos que las ONGD realizan para paliar la situación de las personas más vulnerables, aquí y en los lugares habituales de trabajo. “En ninguna otra institución vasca se ha tomado una decisión así”, aseguran.