Nota de prensa

Registra una moción sobre el protocolo antidesahucios de cara al pleno del jueves para garantizar que no vuelva a darse ninguna promoción con la misma fórmula que la de la UTE Bentaberri con el fin de evitar la privatización de la vivienda y el suelo público.

Haizea Garay justifica “la necesidad urgente de tener un protocolo de actuación que permita gestionar posibles problemas que pudieran darse en la UTE Bentaberri” tras el último intento de desahucio, que fue paralizado ‘in extremis’ por la presión popular.

Elkarrekin Podemos-IU de Donostia ha presentado una moción de cara al pleno de este jueves que persigue evitar la privatización de vivienda pública y de suelo público con un emplazamiento explícito al Gobierno vasco a garantizar que no vuelva a producirse ninguna promoción de vivienda con la misma fórmula que la de la UTE Bentaberri a la vista de los problemas que sufren inquilinos de estas viviendas en régimen de alquiler, con el riesgo de poder ser desahuciados.

Ante esta posibilidad, el grupo municipal defiende que el Gobierno vasco debe recuperar la gestión directa de las viviendas tasadas de la UTE Bentaberri, así como del resto de las que pudieran estar en similares circunstancias, con el fin de garantizar el fin social de la vivienda.

Este planteamiento se recoge en la moción ordinaria relativa al protocolo antidesahucios que se debatirá en el pleno municipal de este jueves a instancias de Elkarrekin Podemos-IU de Donostia. La iniciativa persigue, igualmente, que el Ayuntamiento de Donostia ratifique el acuerdo plenario
unánime de abril de 2019 que expresaba “su interés por el desarrollo de un protocolo de actuación preventivo específico para casos de desahucios que se pudieran producir” en las VPO de alquiler de Benta Berri y solicitaba al Gobierno vasco que, “a la mayor brevedad elabore, acuerde e implemente
con la empresa concesionaria un protocolo de actuación en caso de desahucio” para estas viviendas, que están en manos de un fondo buitre.

La concejala del grupo municipal Haizea Garay justifica “la necesidad urgente de tener un protocolo de actuación que permita gestionar posibles problemas que pudieran darse en esta UTE” a raíz de la situación vivida el pasado mes de octubre, cuando una vecina de esta promoción recibió una
demanda de desahucio por el impago de alquiler durante cuatro meses, el cual no se llevó a cabo ‘in extremis’ por la presión popular, que paralizó el proceso dos días antes de la fecha fijada.

Este último hecho, según sostiene Haizea Garay, hace necesario no solo que el pleno del Ayuntamiento de Donostia se ratifique en el acuerdo aprobado de forma unánime en abril de 2019 para evitar los casos de desahucio en las VPO en régimen de alquiler de Benta Berri, sino que además se inste al Gobierno vasco a garantizar que no vuelva a darse ninguna promoción de vivienda pública con esta misma fórmula.

La concejala del grupo municipal recuerda que, a pesar de que Donostia se declaró ciudad libre de desahucios en septiembre de 2015, estos se han seguido produciendo, por lo que advierte de que es necesario articular un protocolo institucional que impida que los vecinos y vecinas sean desalojados de sus viviendas por no poder afrontar el alquiler o la hipoteca.

Los desorbitados precios de renta y compra de vivienda en la ciudad provocan, y más en la actual situación de crisis, que la juventud
tenga serias dificultades para iniciar un proyecto de vida o que muchas familias pasen verdaderos problemas para afrontar el pago.