Nota de prensa

Medicusmundi Araba, medicusmundi Bizkaia y medicusmundi Gipuzkoa ha comparecido hoy en el Parlamento Vasco para pedir a esta institución la aprobación de una Declaración Institucional de Apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular “Medicamentos a un Precio Justo”.

Los precios de los nuevos medicamentos son una verdadera hemorragia para el Sistema Nacional de Salud. En 2018, el gasto en farmacia hospitalaria superó los 6.600 millones de euros. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), este gasto no ha parado de crecer en los últimos años, ya que en 2013 se situaba en 2.300 millones de euros, casi tres veces menos. En Euskadi, sin ir más lejos, el gasto farmacéutico y sanitario (gasto hospitalario, gasto con receta y gasto sin receta) ascendió en 2017 a 1.104.861€, un 21,21% más que en 2014.

Gran parte de la investigación innovadora se hace en centros de investigación públicos, con financiación pública. En muchos casos, las empresas compran los resultados de esas investigaciones a precio de coste y luego ponen precios abusivos a los medicamentos desarrollados a partir de dichos estudios. En no pocos casos, el precio es  10, 100 e incluso 1.000 veces más caro que el coste de fabricación e investigación. Y es que, la industria invierte un 16% en investigación, y gasta más de un 23% en marketing, influyendo en los y las profesionales de la salud para  que aumenten la prescripción de estos fármacos.

En una situación de urgencia sanitaria como la provocada por la COVID-19, resulta fundamental garantizar un precio justo de los medicamentos para que sean accesibles para todas las personas que los necesiten.

Sin embargo, los futuros tratamientos y vacunas contra la COVID-19 pueden ser un ejemplo de cómo la exclusividad de comercialización y los monopolios se imponen a la garantía de acceso. Sirva como ejemplo el hecho de que los países enriquecidos, que representan sólo el 13% de la población mundial, han bloqueado al menos la mitad del suministro potencial de vacunas del mundo.

El precio excesivo de los nuevos medicamentos provoca que los gobiernos pongan copagos a las y los pensionistas y quiten la financiación pública a muchos medicamentos útiles. Más de 1.400.000 personas no pudieron comprar las medicinas que les habían recetado en la sanidad pública en 2018 en el Estado español.

La causa de los altos precios de los nuevos medicamentos es el monopolio de las patentes y otras exclusividades, que permiten a las empresas imponer su precio. El monopolio de 20 años se concede para que la empresa recupere en ese periodo los costes de investigación. La realidad es que las farmacéuticas recuperan esos costes mucho antes (en uno, dos o tres años), debido al altísimo margen de beneficios que asignan a los medicamentos. Y ello porque no existe ninguna norma que regule estos vínculos económicos por parte de las administraciones públicas.

En la actualidad, la compra de productos farmacéuticos está regulada por la Ley de Contratos del Sector Público, es decir, no existe una normativa especial. En otras palabras, la adquisición de productos farmacéuticos se rige por la misma legislación que regula cualquier contrato de suministros. Además, y pese a que existe la obligación de difundir los precios unitarios a los que se adquieren los fármacos, lo normal es que se oculte el precio real que se paga. Los acuerdos de confidencialidad con las compañías farmacéuticas impiden que las administraciones públicas difundan los precios negociados con los laboratorios.

Esta tendencia pone en riesgo el derecho a la salud y la atención sanitaria, generando dificultades de acceso a los medicamentos y  tensionando la estabilidad financiera de los sistemas públicos de salud.

Frente a esta realidad, la medicusmundi Araba, medicusmundi Bizkaia y medicusmundi Gipuzkoa proponen al Parlamento Vasco la firma de una Declaración Institucional de Apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular Medicamentos a un Precio Justo que propone reforzar la capacidad de las administraciones sanitarias para deliberar y fijar precios justos con la máxima transparencia posible, asegurando el acceso de la población a los tratamientos necesarios y sin poner en riesgo el mantenimiento del sistema sanitario público.

La Declaración pide al Parlamento Vasco la renovación de su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, y reclama a la Comisión responsable de fijar los precios de los medicamentos en el Estado español y a todas las instituciones con responsabilidad en este ámbito que publiquen las actas y documentos que fijan el coste de los fármacos, así como los precios unitarios a los que se adquieren los medicamentos para la sanidad pública.