Nota de prensa

Al final lo ha hecho. El Ayuntamiento de San Sebastián nos ha embargado la cuenta y se ha cobrado los 18 euros. Nos los había reclamado por poner un puesto en la calle para repartir semillas de árboles autóctonos, actividad que veníamos realizando desde hace más de 20 años. Lo grave no es la cantidad, sino la acción en sí y lo que hay detrás.

Es curioso, pero en demasiadas ocasiones somos los movimientos sociales y las asociaciones las que tenemos que velar por el cumplimiento de las leyes y por la conservación de la naturaleza, cuando es esa administración que nos pone todo tipo de trabas la que debiera velar por su cumplimiento y garantizar la conservación de nuestro patrimonio natural. Lo dicho, sorprendente, pero también doloroso, es ver que es la propia administración la que muchas veces infringe y manipula las leyes y la normativa vigente, poniendo
en peligro la biodiversidad y la sostenibilidad de los recursos naturales. A menudo, en el caso de ser particulares los que las infringen, se ponen de perfil o miran para otro lado. En conservación de la naturaleza es lo mismo. Tenemos unas leyes con un articulado muy claro, que protegen estrictamente el hábitat de las especies amenazadas, en especial el de la catalogadas en peligro de extinción y, sin embargo, las agresiones son continuas, actuando la administración como cómplice, por acción, mediante su aprobación formal, o por omisión de su labor de garante de su cumplimiento.

Cuídate mucho de infringir las leyes, si lo haces, tendrás tu castigo. Con el medio ambiente, en cambio, parece que todo vale. Que hay un vertido, “pobres, se habrán descuidado…” o “tened más cuidado la próxima vez…” y si llega la amenaza: “la próxima…”. A algunos ni se les pasa por la cabeza la posibilidad de denunciar un delito por lo penal, que los hay. ¿Cómo vas a denunciar a un cazador por matar a una especie protegida o utilizar artes ilegales y peligrosas, o cómo vas a denunciar al que ha provocado un incendio? Sorprende ver el número de delitos denunciados en otras comunidades y los pocos casos registrados en Euskadi. Aquí no pasa nada, y en Gipuzkoa menos aún. No interesa para la imagen que quieren vender. Lo dicho, algunas leyes
son muy importantes y cuando quieren los instrumentos de planificación, ordenación y gestión son
muy importantes. En el caso del medio ambiente y la conservación de la naturaleza todo se queda en intenciones. No se les da la importancia que les corresponde, a pesar de resultar vitales incluso para nuestra propia supervivencia, y por lo tanto no son prioridad. De ahí la escasez de medios y la falta absoluta de voluntad política para que eso cambie.

Por suerte, cada vez son más los trabajadores públicos y los ciudadanos en general que tratan de invertir la situación y denuncian las agresiones al medio ambiente. Existe una fiscalía de medio ambiente aunque raramente se le ve actuar, contamos con una unidad especial de la Ertzaintza (8 agentes para toda la Comunidad) y ahí están los escasos guardas forestales y alguna sección de las policías locales. Muy poco personal, medios escasos y precarios en muchos casos son la consecuencia directa de la falta de interés de nuestras autoridades por investigar y perseguir el delito ambiental.

Por otra parte, la administración debería de la misma manera impulsar la sensibilización y educación de la sociedad para con los problemas medioambientales y la conservación del patrimonio natural. Sin embargo, deja mucho que desear. Lo verde vende, sí, pero no deja de ser un escaparate bonito. Ya vale de discursos y proclamas, toca actuar y hay que hacerlo sin demora. La salida a la actual crisis ecológica global a la que nos enfrentamos requiere de la implicación de toda la sociedad. Por desgracia, el trabajo que no realizan las
administraciones públicas nos toca hacerlo a las asociaciones y movimientos ciudadanos.

Lo que nos encontramos muchas veces, encima, son trabas. Ahora, el Ayuntamiento de San Sebastián nos ha cobrado por realizar una actividad que llevábamos realizando desde hace más de 20 años, el reparto de semillas de árboles autóctonos. Sólo esperamos que, al menos, ese dinero no vaya a pagar la gasolina de las motosierras que talarán los próximos árboles en la ciudad.

Desde Haritzalde queremos denunciar el hecho, pero al mismo tiempo queremos exigir a la administración que ponga más voluntad y medios para el cumplimiento de la normativa medioambiental y que sea un verdadero garante de su cumplimiento. Nosotros, a pesar de las dificultades y de la zancadillas, seguiremos luchando por la conservación de nuestro patrimonio natural. Beti aurrera!