Nota de prensa

La coalición que promueve esta ICE aspira a recoger un millón de firmas a nivel europeo

Una amplia coalición europea formada por sindicatos de la salud, ONGD (entre otras, medicusmundi) asociaciones de defensa de la sanidad pública, asociaciones de profesionales de la salud, grupos de activistas, asociaciones de pacientes, asociaciones estudiantiles y personas expertas han puesto en marcha la  Iniciativa Ciudadana Europea Right2Cure (DerechoaCuración). Con ella se pretende instar a la Comisión Europea a actuar para que las vacunas y tratamientos sean considerados un bien público global, accesible a todas las personas de manera gratuita. En concreto, la Iniciativa quiere que esta institución europea apruebe todas las modificaciones legales necesarias para garantizar que los derechos de propiedad intelectual, como las patentes o las licencias, no limiten la disponibilidad de tratamientos y vacunas contra COVID-19.

En la actualidad la industria farmacéutica impone precios a los medicamentos que se sitúan en 10, 100 y hasta 1000 veces por encima del coste real (investigación+producción). Hasta un 70% de la investigación innovadora que se desarrolla a nivel mundial tiene lugar en laboratorios públicos; sin embargo, las empresas compran dichos resultadosa precio de coste y ponen precios abusivos a los medicamentos desarrollados. Right2Cure considera que la investigación que la ciudadanía paga con sus impuestos debe ser para la gente y que no debe permitirse que las compañías farmacéuticas privaticen tecnologías médicas cruciales que han sido desarrolladas con recursos públicos.

Para lograr su objetivo, la Iniciativa pretende introducir obligaciones legales que exijan a las entidades beneficiarias de los fondos de la UE a compartir los conocimientos, la propiedad intelectual y/o los datos relacionados con la tecnología sanitaria relativa a la COVID-19 en un fondo común de tecnología o patentes, evitando así que el Big Pharma saquee los sistemas de seguridad social.

La salud es un derecho y en una situación de pandemia, la investigación y las tecnologías deberían compartirse en todo el mundo. “Una compañía privada no debería tener el poder de decidir quién tiene acceso a tratamientos o vacunas, ni a qué precio. Las patentes otorgan a una sola compañía el poder y monopolio sobre productos farmacéuticos esenciales. Esto limita su disponibilidad e incrementa su coste para las personas que los necesitan”, reiteran quienes promueven la propuesta.

Otra de las demandas recogida en la Iniciativa se refiere a la necesidad de incorporar obligaciones legales que favorezcan la transparencia de forma que la ciudadanía pueda acceder a información relativa a las  contribuciones públicas a la investigación, los costos de producción y las cláusulas de accesibilidad. También que se garantice el derecho de la ciudadanía al acceso a la información sobre las negociaciones entre las instituciones públicas y el sector farmacéutico y a los contratos que se firmen.

Para todo ello, la Iniciativa Ciudadana Europea (ECInecesita recoger un millón de firmas entre la ciudadanía de los veintisiete estados miembros de la UE a través de su web.

Además, medicusmundi ha presentado en el Parlamento Vasco, las Juntas Generales de los tres territorios y los Ayuntamientos de las tres capitales una declaración institucional de apoyo y adhesión a esta iniciativa y también de cara a exigir la adopción de medidas para garantizar precios justos para todos los medicamentos.