Nota de prensa

Nadie duda de que Donostia es la ciudad vasca con más problemas relacionados con el derecho a la vivienda. De hecho, somos la ciudad de todo el Estado con el precio de la vivienda más caro.

Con o sin pandemia, el proceso de encarecimiento de la vivienda en Donostia sigue su camino. Según fuentes del sector inmobiliario, la compraventa se ha encarecido un 9% en 2020, también en plena crisis sanitaria y económica. Y según el portal Idealista, el año 2020 ha finalizado con un nuevo récord histórico del precio del alquiler, llegando a 15 €/m² al mes. La consecuencia de todo ello es, desgraciadamente, muy conocida: muchos y muchas donostiarras, sobre todo jóvenes, están siendo obligados a abandonar sus barrios para irse a vivir a los pueblos de alrededor.

Por ejemplo, Gros ha perdido 1.000 habitantes en la última década, el 7% de su población. Detrás de ello, entre otras causas, está la multiplicación de los pisos turísticos, que ha sustraído del mercado residencial muchas viviendas, así como la proliferación de hoteles, como el reciente caso de Mariaren Bihotza, que se va a dedicar también al turismo.

Según los datos que ha podido recoger EH Bildu sobre las peticiones registradas en Donostiako Etxegintza, hay 21.427 solicitudes activas para poder acceder a una vivienda protegida en Donostia. Tal como se recoge en el Plan municipal de Vivienda (2018), el tamaño medio del hogar en Donostia es de 2,4 personas por hogar, por lo que al rededor del 27% de la población donostiarra sería demandante de vivienda de
protección oficial.

Al analizar la propuesta del Gobierno municipal para Aldakoenea, llama la atención que en Egia hay 1.963 solicitudes activas y en Gros 2.341. Ante esta cruda realidad, la respuesta de las Administraciones Públicas es muy escasa. La política de vivienda de Eneko Goia está siendo nefasta. Para hacer frente a los graves problemas que plantea el precio de la vivienda en Donostia no existe una política de vivienda activa. Y el problema sigue empeorando.

El problema de la vivienda necesita implementar en nuestra ciudad una estrategia integral, con varias líneas de actuación: sacar al mercado la vivienda vacía, acotar los pisos turísticos, limitar del precio del alquiler por ley… Y otra de las líneas de actuación es la ampliación del parque municipal de viviendas protegidas, sobre todo en régimen de alquiler. Pero hay que decir claramente que, en lo que respecta a las viviendas de protección oficial, el objetivo del alcalde Goia es cumplir los mínimos establecidos y cuanto más alejadas del centro, mejor. Es evidente que no está a la altura de las circunstancias y del problemón que tenemos en Donostia con la vivienda.

En Aldakoenea, por ejemplo, la propuesta del Gobierno de Goia permite que las obligaciones de viviendas y alojamientos, consecuencia del incremento residencial propuesto, se cumplan en Altza y no en esta zona entre Egia y Gros. De hecho, en el presupuesto plurianual de Donsotiako Etxegintza, de cara a los próximos 4 años, no hay prevista ni una solo vivienda de protección para Aldakoenea. Es decir, la única opción que les va a quedar a las miles de personas que solicitan vivienda de protección en Egia y en Gros va a ser la compra de una vivienda libre.

Hay otros muchos ejemplos en los que el Gobierno municipal no exige que se construyan viviendas protegidas: Luisa Enea, Igara… Y las noticias que nos llegan sobre el proyecto para Mundaiz y para la zona de Amara-Easo parece que señalan que la intención del Gobierno es ir en la línea de lo proyectado en Aldakoenea.

Por otro lado, todavía no se han entregado todas las viviendas de alquiler social de Txomin Enea. Otro reto de la política de vivienda de Donostia es establecer mecanismos para que el proceso de adjudicación de las viviendas protegidas sea más rápido y eficiente.