Nota de prensa

• En primer lugar, la inseguridad jurídica es evidente. La ordenanza está declarada “nula de pleno derecho” por el TSJPV y el Gobierno municipal está haciendo malabarismos legales para que los centenares de pisos legalizados tras la aprobación de la ordenanza no tengan que cerrar. Recordemos que el Plan General aún vigente reserva la implantación de estos usos para las primeras plantas. Sin embargo, mediante la aprobación de esta Ordenanza el Gobierno municipal pretendió legalizar a centenares de pisos ubicados en otras plantas de los edificios, contraviniendo con ello lo dispuesto en el PGOU.


• Además, hoy hemos tenido conocimiento de que, en realidad, Eneko Goia ya intuía que la resolución del TS no iba a ser favorable a sus intereses. No entendemos, pues, cómo se emprende esta vía jurídica que ha costado al ayuntamiento 2.000 euros + IVA (2.420 euros) en costas, si el Gobierno ya preveía que lo iba a perder.


• En cuanto a las nuevas licencias, al parecer, Eneko Goia ha asegurado ante la prensa que no hay nuevas solicitudes de licencias en los últimos 10 meses. Sin embargo, en la web del ayuntamiento que da cuenta del censo de pisos y habitaciones turísticas aparecen, al menos, 16 peticiones de licencias “en tramitación” (https://www.donostia.eus/ataria/es/web/hirigintza/censo-de-viviendas-turisticas )

• En cuanto al problema de la vivienda en Donostia, que es lo que realmente preocupa a EH Bildu, hay que decir que la proliferación de pisos turísticos durante el mandato de Goia tiene relación directa con el encarecimiento de los precios en el mismo periodo. La ordenanza, lejos de servir para atajar el problema, lo ha agudizado. La pérdida del 7% de la población de Gros en los últimos años, por ejemplo, es fiel testigo de ello.