Nota de prensa

Según hemos tenido noticia recientemente, como consecuencia de la respuesta a las peticiones de información adicional instadas por nuestro grupo municipal, diferentes titulares de concesiones administrativas han solicitado “reequilibrio de la concesión”. Así, se ha solicitado en el caso de los aparcamientos de Atotxa, Alderdi-Eder, Cervantes, Okendo, Plaza de Cataluña y Pío XII.

Efectivamente, el artículo 34.4 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, dispone la posibilidad de solicitar dicha medida, “previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos gastos”. Añadiendo a continuación el referido precepto legal lo siguiente: “La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo”.

A su vez, idéntica medida han solicitado los titulares de la concesiones del servicio de la OTA, FCC o Arcco Amara, entre otros.

Es decir, le corresponde al órgano de contratación posicionarse sobre si considera, o no, que ha existido una imposibilidad de ejecución del contrato, así como, en su caso, valorar si han quedado acreditados la realidad, efectividad e importe de los gastos reclamados.

Al margen de la opinión que podamos tener con respecto a las distintas opciones legales que, con respecto a los efectos de la pandemia del COVID 19, se están ofreciendo a los distintos sectores damnificados, lo cierto es que la adopción de medidas como las instadas -medidas que por otra parte privilegian a los titulares de concesiones administrativas con respecto a la situación vivida por los titulares de negocios que, sin duda, han sufrido las consecuencias derivadas de las restricciones del COVID 19, si quiera con mayor rigor e intensidad- requiere el posicionamiento del órgano de contratación.

Una vez más, se demuestra que esta fórmula de gestión es muy perjudicial para los intereses públicos y muy favorable para los privados. No puede ser que, cuando hay beneficios, todos vayan directamente a las arcas de esta empresas y, sin embargo, cuando baja la facturación, tenga que ser el Ayuntamiento el que pague con el dinero de todos. Es decir, no valen las fórmulas en las que el riesgo lo asume la parte pública y el beneficio se va solo a manos privadas.

-Por todo ello, de cara las comisiones del próximo lunes, EH Bildu va a preguntar al Gobierno municipal qué piensa hacer ante las demandas de estas empresas concesionarias. Estas son las preguntas concretas que tendrá que responder el Gobierno: ¿Por qué razones, a pesar del tiempo transcurrido, no se ha pronunciado el órgano de contratación sobre las mencionadas peticiones? ¿Consideran que se han verificado los criterios establecidos para ello en el Decreto Ley, es decir, que han apreciado la imposibilidad de ejecutar el contrato? En caso afirmativo, ¿considera que las reclamaciones efectuadas acreditan fehacientemente la realidad, efectividad e importe
de los daños?
-¿A la vista de las peticiones de los titulares de las concesiones formuladas, entre ellas las de casi la totalidad de los aparcamientos mixtos ha considerado el Gobierno Municipal la decisión de explorar la posibilidad de prestación del mentado servicio de manera directa por parte del Ayuntamiento?

-¿Considera el Gobierno Municipal que también los titulares de pequeños negocios, no
sujetos a concesión administrativa, han sufrido igualmente daños que lastran la viabilidad
de sus pequeños negocios? En caso afirmativo, ¿qué medidas piensa adoptar al
respecto?