Nota de prensa

Elkarrekin Podemos-IU en Donostia presenta una moción ordinaria para que se investiguen las residencias de Domus
Vi y se tomen medidas contra la empresa.


Elkarrekin Podemos-IU llama a las instituciones a que revisen el modelo de residencias tras los escándalos sucesivos de la empresa Domus Vi. En palabras de la portavoz de la coalición, Aitzole Araneta, “tenemos que revisar nuestro modelo de residencias porque no podemos dejar los cuidados de nuestros mayores en manos de empresarios que buscan hacer negocio con la vida de las personas”.

Y es que en los últimos días se ha sabido que, además de todas las negligencias que en su día se denunciaron, en la residencia de Berra de Donostia (gestionada por Domus Vi) murieron casi el doble de personas de las que oficialmente se habían notificado (21 oficial, 35 real) según se reveló está semana en una comisión del Parlamento Vasco. Además, como desvelaba ayer eldiarionorte, la residencia Villa Sacramento de Donostia, gestionada también por la cadena Domus Vi, ha estado cobrando a los usuarios el suministro de mascarillas FFP2 al menos entre los meses de agosto de 2020 y marzo de 2021.

En la rueda de prensa que la representante morada ha dado esta mañana en el ayuntamiento, ha recordado que ya interpelaron a la Diputación y al Gobierno Vasco para que tomaran medidas sobre las residencias controladas por Domus Vi ante la evidente falta de protección de residentes y trabajadores frente a la pandemia, “pero
se lavan las manos y miran para otro lado”.

Araneta ha recordado también que hace poco se supo que Domus Vi ha engrosado sus ingresos con el cobro de comisiones de empresas funerarias por facilitar que los familiares de mayores fallecidos en sus centros contraten sus servicios, según publicó Infolibre.

Por eso, Elkarrekin Podemos-IU presentará una moción ordinaria en el Pleno del próximo jueves para instar al Gobierno foral a investigar si Domus Vi ha cobrado comisiones por derivar a personas fallecidas en sus centros residenciales de Donostia a alguna funeraria concreta, y a que “tome medidas contra esa empresa, cese a la mayor
brevedad la contratación de plazas concertadas en dichas residencias y ponga en marcha mecanismos para devolver el dinero supuestamente cobrado a los familiares de las personas fallecidas”.