Nota de prensa

Cuando el Ayuntamiento de Donostia ha organizado actos para colocar placas conmemorativas a 12 víctimas, es tiempo de hacer un balance serio de la situación creada y tomar decisiones para que se realmente cumplan los objetivos que debería tener un acto de reconocimiento institucional.


Y es que, como hemos podido comprobar, la dinámica de la colocación de las placas ha renunciado explícitamente a ser un instrumento inclusivo para la construcción de la convivencia democrática en Donostia.

Estas iniciativas organizadas por el Ayuntamiento no cumplen los principios básicos de igualdad e inclusión para que todas las víctimas y sensibilidades políticas sean respetadas y aceptadas. Lo visto hasta ahora confirma lo que veníamos diciendo desde el principio. Es más, se puede decir que incluso se han dado pasos atrás desde el planteamiento inicial.

Por un lado, venimos constatando que el Gobierno municipal no realiza el necesario trabajo previo anterior a la organización de los actos públicos, lo que provoca situaciones desagradables, con la re-victimización de algunos tipos de víctimas, etc. El último acto, celebrado el 5 de mayo, es un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. La familia Bravo recibió el reconocimiento institucional que sin duda merece, pero, junto con ello, hay que decir que, como consecuencia de que el Gobierno municipal no hizo el necesario trabajo previo, se generaron consecuencias inaceptables.

Y es que a la hora de organizar un acto de reconocimiento institucional, el Gobierno municipal debería haber hecho una reflexión más sosegada sobre lo ocurrido hace 41 años. En el mismo momento en que María Jesús Bravo fue violada y asesinada por grupos parapoliciales, Francisco Javier Rueda Alonso también fue atacado, quedando en estado muy grave y, debido a aquellas heridas, murió después de 8 años. No obstante, el Gobierno municipal no ha realizado ningún trabajo previo con la familia Rueda, que supo por la prensa que el Ayuntamiento iba reconocer a la familia Bravo y no a la familia Rueda, que también fue víctima del mismo suceso, lo cual ha llevado a la familia a vivir momentos difíciles.

Y ya son varias las familias de víctimas donostiarras que nos han hecho llegar su malestar por este proceder del Gobierno municipal. Por otro lado, en anteriores actos, se ha permitido por parte del Gobierno municipal que se impusieran vetos a un representante legal de la ciudadanía donostiarra y segundo grupo municipal, EH Bildu. Ha sido el caso de las familias de Ordóñez, Múgica, Cuesta y Gómez. Estos vetos han sido asumidos en primera persona por el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, que no ha defendido ni a la institución que representa ni a la realidad sociopolítica donostiarra ante los que exigían la exclusión de EH Bildu. Y en tercer lugar, se han utilizado varios de estos actos para profundizar en el relato único de vencedores y vencidos, un relato que no es compartido por la mayoría de la sociedad
donostiarra.

Para avanzar en la construcción de la convivencia democrática en Donostia es necesario acordar mecanismos adecuados de reparación institucional. Y para crear esos espacios de encuentro entre diferentes y promover adecuadamente la reparación institucional es necesario realizar una gran labor previa que no se ha llevado a cabo en Donostia. Las experiencias llevadas a cabo en nuestro entorno demuestran que para que estos procesos sean exitosos es imprescindible fomentar el diálogo entre diferentes y crear espacios de encuentro privados antes de cualquier acto público. En las últimas semanas, EH Bildu ha intentado, de forma discreta y en la Comisión de Derechos Humanos, reconducir la situación, pero el Gobierno municipal no ha adoptado ningún compromiso concreto.